Los abusos de la ILE en CABA
Muy lejano vemos a ese año 2012 en el cual la Legislatura Porteña se vio convulsionada por la llegada de la discusión de la legalización de los supuestos de aborto no punible previstos en el Código Penal. El resultado: un protocolo de aborto que convirtió las excepciones en regla y que en lugar de prevenir el aborto, lo promueve y condena a las mujeres sin ayudarlas, tapa los problemas del abuso, el embarazo adolescente y la pobreza.
En marzo de aquel año la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo muy cuestionable conocido por el nombre “FAL” realizó una interpretación amplia para un caso sobre el supuesto del aborto en caso de violación y finalizó exhortando a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar protocolos sanitarios para la atención de abortos no punibles y atención y asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.
Muchos proyectos tanto del oficialismo como de la oposición se presentaron con diversas variantes y finalmente el 27/9/12 se aprobó la Ley 4318 que iba aún más allá de lo que disponía “FAL”, razón por la cual el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la terminó vetando. Entre los argumentos para el veto se encontraba que el proyecto “… contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconocen la homogeneidad del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal” y “que pretende modificar la literalidad del concepto previsto en el artículo 86, inciso 1º, del Código Penal, al incorporar como no punible el aborto llevado a cabo en los “casos de peligro para la salud integral”.
Esto, dio lugar a la Resolución N° 1252/2012 del Ministerio de Salud de la CABA, que terminó aprobando la práctica de los abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
¿qué ocurrió en estos más de 5 años luego de que se habilite el protocolo de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires? Creció de 100 a más de 3.500 abortos por año
Dicha Resolución fue judicializada por los promotores del aborto legal, Rachid patrocinada por su abogado Gil Domínguez, primero porque objeta la intervención de un equipo interdisciplinario previo a la realización de la práctica y además, por limitar el acceso a las prácticas abortivas superada el límite de 12 semanas de edad gestacional. El caso fue rechazado por el propio Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio lugar a un recurso extraordinario que el diciembre pasado llegó a la Corte.
Pero, ¿qué ocurrió en estos más de 5 años luego de que se habilite el protocolo de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires?
– Creció de 100 a más de 3.500 abortos por año: En 2014 fueron 91 casos; en 2015, 128; en 2016, 563; en 2017, 1893 y en 2018, 4858. El año 2019 aún no había finalizado el número total no estaba cerrado, pero en los primeros seis meses se contabilizaron más de 3500, representa un aumento del 47% con respecto a 2018.
– Casi el 90% son realizados bajo el supuesto de “salud” y tan solo, aproximadamente el 10% por la causal de abuso.
– Otros datos que surgen de las estadísticas porteñas es que se redujo el porcentaje de ILE en menores de edad: Pasó de 22% en 2016 a 21% en 2017 y 16% en 2018. Un índice que creció es el de cantidad de ILE efectuadas durante las primeras 12 semanas. En 2016 fueron el 79%; en 2017, el 83% y en 2018, del 85%.
Así, el aborto en vez de disminuir, aumentó, y más aún, agrava la situación de las víctimas de abuso al desmotivar la denuncia y obligarlas a volver sin apoyo estatal al entorno familiar, donde ocurre el 80% de los abusos -según organizaciones como la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI)-.
Los violadores, como sabemos, libres en sus casas, toda vez que los protocolos no obligan a resguardar material genético para preservar la prueba del delito de violación. Las mujeres, encerradas en un callejón sin salida, sin que el Estado le ofrezca otra opción que no sea la del aborto.
Ahora, en el foco de una pandemia que se ha cobrado vida de porteños y nos encontramos a la espera de que el sistema de salud reactive para que las embarazadas puedan hacer sus controles y enfermos de cáncer, diabetes y con patologías cardíacas vuelvan a recibir sus tratamientos, la Legislatura porteña vuelve al debate del aborto, buscando ampliar el protocolo existente que, como se ve, lo único que ha logrado es aumentar los abortos producidos en la CABA sin lograr una asistencia integral de toda victima de violencia sexual, y sin buscar otros medios para evitar que una mujer tenga que sufrir un aborto.
En definitiva, los legisladores porteños buscarán este lunes adherir al protocolo dictado por el actual Ministro de Salud. Un protocolo que: 1) Tergiversa el Código Penal en la causal “salud” cuando explicita que no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada; 2) Obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada; 3) Coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños; 4) Promueve el aborto a simple demanda; 5) Promueve el aborto hasta el final del embarazo; 6) Limita la objeción de conciencia, discrimina a los trabajadores y restringe su carrera profesional; 7) Retacea información para el consentimiento e incumple la ley de derechos del paciente: 8) Manipula los resultados de la ecografía; 9) Promueve el aborto a través de medicamentos no autorizados en Argentina y 10) Desconoce las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre capacidad de las personas menores de edad y responsabilidad parental.
Cinco años ya han pasado desde que esta Ciudad tiene habilitado un protocolo que se ha cobrado la vida de miles de inocentes y no ha dado otras soluciones concretas a la mejora en la salud de las mujeres o la prevención de sus abusos, y sin embargo, en la actualidad, los legisladores porteños, lejos de ir por ese camino, buscan ampliar estos supuestos, no sólo desconociendo la legislación de nuestro país sino además dejando desamparada una vez más a la mujer ante la tragedia del aborto.
Pedimos a los legisladores y al jefe de gobierno porteño que tienen a su cargo el dictado de las leyes, que sean responsables del cuidado de la vida y salud de las mujeres y niños por nacer, que promuevan políticas que efectivamente garanticen el desarrollo pleno de sus derechos, sin caer en abusos y conlleven a la construcción de un futuro mejor.
Inés Brogin – Abogada (UBA)
Asociación Civil en Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI), organización integrante de Unidad Provida
